
Como que si se hubiesen puesto de acuerdo, varios empresarios y residentes de la ciudad fronteriza de Nogales, Arizona; así como el alcalde y el jefe de la policía, mostraron su rechazo a la aprobación en su estado de una ley que criminaliza la inmigración ilegal.
La ley SB1070 que fue ratificada el 23 de abril pasado por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, mantiene preocupados a muchos de los habitantes de esta ciudad colindante con la frontera entre México y Estados Unidos.
Cuando el 29 de julio entre en vigor la SB1070, denominada “Acta de Apoyo a las Fuerzas del Orden y Protección a Nuestros Vecindarios”, la ley obligará a los policías locales a cuestionar el estatus migratorio de cualquier extranjero que consideren “sospechoso” de ser indocumentado.
De acuerdo con sus testimonios, la frustración de los funcionarios entrevistados no es porque van a verse obligados a cuestionar el estatus migratorio de sus habitantes, pues solo un bajo porcentaje de los más de 20 mil lugareños son indocumentados. Su preocupación es más bien es porque la estructura económica de Nogales depende del comercio entre los residentes de ambos lados de la frontera y, ahora, los que están en México comenzaron a castigar a Arizona por haber pasado dicha ley.
“Constantemente hacemos esfuerzos por lograr que las ciudades hermanas en México sepan que estamos con ellos y que nos oponemos a la aplicación de esa ley porque es discriminatoria”, afirmó a este medio el alcalde de Nogales, Octavio García-Von Borstel. “El estado no tiene el derecho de perseguir a los inmigrantes; eso es un problema federal”.
Desde que Brewer dio el visto bueno a la SB1070, García aseguró que no ha dejado ni un solo día de expresarse en contra de la ley y dijo que está dispuesto a llegar lo más lejos posible por evitar su entrada en vigor e incluso demandar.
El pasado lunes, el funcionario mostró su inconformidad firmando una resolución municipal y visitando la localidad mexicana de Hermosillo, Sonora. A través de la resolución R2010-05-006, el edil se opuso abiertamente a esa legislación.
“La SB1070 usurpa el poder exclusivo que tiene el Congreso de actuar y legislar acerca del tema de inmigración. Es moralmente repulsiva, discriminatoria, divisoria y va en contra de los valores de justicia social y racial”, indica parte del escrito. “La SB1070 viola la Enmienda 14 que garantiza el debido proceso e igualdad de protección para ciudadanos americanos, residentes legales y visitantes; e inevitablemente llevará al ejercicio del perfil racial, poniendo en peligro la seguridad pública, y creará un vacío entre las fuerzas del orden y las comunidades étnicas”.
Finalmente, la resolución sostiene que la ley estatal SB1070 está “deformando las relaciones con el estado vecino de Sonora y México, polarizando el tema de la reforma de inmigración” y que, por consiguiente, “el Concejo Municipal resolvió que se opone a dicha ley y a su implementación, por lo que quiere que sea revocada”.
Generará miedo
Para el jefe del Departamento de Policía de Nogales, Arizona, Jeffrey Kirkham, el reto mayor a enfrentar es el miedo de la comunidad a denunciar delitos.
“De por sí ya hay ciertas personas que tienden a no denunciar cuando son víctimas de crímenes y esta ley hará que nos tengan más miedo”, explicó Kirkham.
Según el alto mando policial, él está en una encrucijada, pues desaprueba la SB1070, pero al mismo tiempo está obligado a cumplir con las leyes estatales y locales.
De acuerdo con Kirkham, alrededor del 90 por ciento de los residentes de la localidad que protege es de ascendencia hispana, en especial de México. “No me veo preguntándole a todos ellos por su estatus migratorio”, acotó.
Impacto económico
Algunos comerciantes de Nogales afirmaron que la SB1070 ya les está atrayendo pérdidas económicas a pesar de que aun no ha comenzado a funcionar.
“Antes vendía entre 15 y 20 coches por mes y desde esa méndiga ley solo cuatro he vendido”, comentó el dueño de un lote de autos en Nogales, quien solo quiso identificarse como Luis.
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