En noviembre de 2011, un grupo de 23 mil mexicanos encabezados por el abogado Netzaí Sandoval interpuso otra denuncia en contra de Calderón y de los ahora exsecretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna; de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y de Marina, Francisco Saynez Mendoza, por crímenes de guerra y contra la humanidad, resultado de la guerra contra el narcotráfico librada en estos últimos seis años.
La demanda incluye también al narcotraficantes Joaquín Guzmán Loaera y en diciembre pasado sumó el nombre de Julián Leyzaola Pérez, secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, Chihuahua, denunciado por la organización suiza Trial (Track Impunity Always) por crímenes de lesa humanidad, privación de la libertad, desapariciones forzadas y tortura.
Nadie esperó que la demanda siquiera entrara a la lista de espera de la CPI, la cual tenía que resolver primero si aceptaba el expediente para su análisis. Sin embargo, en marzo pasado la Corte informó que aceptaba la información.
Netzaí Sandoval, el abogado que lidera este proceso, explica que la demanda es cada día más sólida, pues además de los casos aportados en noviembre de 2011, "se han realizado muchos envíos de información complementaria a la fiscalía, que demuestra un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos".
De noviembre de 2011 a diciembre de 2012, ciudadanos y organizaciones civiles han enviando más de 10 actualizaciones de información a la fiscalía de la CPI, sobre posibles violaciones de derechos humanos en México que incluyen los ataques contra migrantes centroamericanos y la evidencia de un patrón sistemático de tortura en los cuarteles militares. No obstante, "por tratarse de investigaciones en curso tenemos límites legales para difundirlo", dice Sandoval.
A este expendiente en manos de la CPI contra Calderón y sus exfuncionarios, se ha sumado la demanda que interpuso Moreira contra el expresidente, por haber impuesto "un Estado de excepción" con pretexto de la lucha contra el narcotráfico.
No es el único. A los 23 mil ciudadanos que firmaron originalmente la demanda, se han adherido otros 7 mil desde que se conoció el proceso.
Entre los firmantes están los periodistas Miguel Badillo, Rafael Barajas "El Fisgón", Virgilio Caballero, Antonio Helguera, Julio Hernández López "Astillero", José Hernández, Sanjuana Martínez, Pedro Miguel y David Manrique; los defensores de derechos humanos Edgar Cortés, Jesús Robles Maloof, Claudia Cruz Santiago, Rocío Culebro, Víctor Quintana y José Rosario Marroquín; los abogados Manuel Fuentes, Loretta Ortiz Ahlf y Lauro Sol, y personalidades de muy distintos ámbitos como: Patricia Galeana, el militar José Francisco Gallardo Rodríguez, Olga Harmony, Epigmenio Ibarra, Octavio Rodríguez Araujo, Irma Eréndira Sandoval, Julio Scherer Ibarra, Tiaré Scanda y Lorenzo Vignal.
EN TRÁMITE
En la CPI no hay plazos. La etapa de análisis sobre la información aportada contra Calderón podría extendenderse hasta el año 2014, explica Enrique Díaz Aranda, doctor en derecho penal por la Universidad Complutense, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y asesor de la CPI en el caso del expresidente serbio Slobodan Milosevic, muerto en prisión acusado de crímenes de guerra.
"El actual proceso para determinar si hay delitos puede durar hasta 2014, no hay plazos establecidos. Pero está claro que más allá de lo procedimental, lo importante es el sustento. La Corte no hubiera iniciado el perfeccionamiento si no fuera competente. Incluso si no procede nada, Calderón no podrá estar tranquilo como cree que debe estar. Yo no estaría tranquilo si fuera él".
Las probabilidades de que el caso pase a la siguiente etapa en la Corte son muy altas, según Netzaí Sandoval: "Estamos seguros de que prosperará. La CPI le dirá al mundo que en México sí ocurren crímenes de su competencia, aunque en esa etapa habría una última oportunidad para que el Estado mexicano castigue a quienes los cometen. Si México se negara, entonces la CPI abriría procesos penales por el encubrimiento y la comisión de crímenes".
Sandoval aclara que la demanda no es un asunto personal. "No se trata de aventarse contra una persona, sino de hacer justicia".
NADIE POR ENCIMA DE LA CPI
La Corte Penal Internacional es la más alta intancia de justicia en el mundo y su autoridad la reconocen 120 países, entre ellos México. Su autoridad, por lo tanto, está por encima de los tribunales nacionales y sus procesos incluso pueden desahogarse de forma paralela o independiente de otros casos presentados en el ámbito local de los países, siempre que a juicio de la Corte no exista voluntad o capacidad para sancionar los crímenes.
México, como país adherido a los estatutos de la CPI, está sujeto a la fracción 2 del artículo 4 del Estatuto de Roma, el cual establece que la Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones en el territorio de cualquier Estado Parte y, por acuerdo especial, en el territorio de cualquier otro Estado.
Así, frente a esta instancia han tenido que rendir exmandatarios y exmilitares acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entre ellos el serbio Milosevic, James Taylor, exmandatario de Liberia condenado a 40 años de cárcel, y Thomas Lubanga, exjefe de la milicia en la República Democrática del Congo, sentenciado a 15 años de prisión.
La CPI juzgó culpables a todos por ordenar actos que causaron la muerte de cientos de ciudadanos bajo su responsabilidad y porque violaron derechos humanos.
En el caso de Calderón, Enrique Díaz Aranda considera que hay razones suficientes para esperar que la demanda contra Calderón prospere en La Haya: "Desde la Constitución, el presidente es el comandante supremo de las fuerzas armadas. Cuando Calderón ordenó que los militares salieran a las calles a detener sospechosos de crimen organizado, y ante la reiterada situación de lo que llamaron daños colaterales (personas que murieron en fuego cruzado), hay una posible responsabilidad de quien dio la orden de disparar, caiga quien caiga. Lo que hay que investigar es si efectivamente hubo una orden mal dada a las fuerzas armadas".
Otro punto a investigar son los asesinatos de civiles por parte de las fuerzas armadas, explica Díaz Aranda. "El presidente debe velar por la protección de los ciudadanos y en estas acciones policiales estaba en peligro la vida de los ciudadanos. No se puede justificar poner en peligro la vida de nadie para detener un delincuente. En un Estado de derecho eso no es posible. Mucho menos privar de la vida a un inocente. Esto no se puede solicitar de ninguna manera. Una cosa es un caso aislado, pero es distinto cuando son muchos".
El especialista considera que hay elementos suficientes para probrar casos como la muerte de dos estudiantes en el Tec de Monterrey, acribillados por elementos del Ejército, o la familia contra la cual dispararon en un retén, a pesar de que iba con niños. "Si esto se demuestra, será motivo no sólo de un proceso, sino de una condena contra Calderón", afirma el especialista.
Pero lo que suceda con la denuncia dependerá de las pruebas que la propia CPI acredite. "Estos tribunales no proceden con sospechas. Cuando tienen algo listo es que tienen pruebas o que no hay nada para probarlo. El análisis técnico es muy importante, más allá de cuestiones triviales como las que a veces se discuten aquí. Es derecho penal en serio, no como en México, donde con indicios condenan. Allá, no. Algo similar está sucediendo en Colombia, donde con el disfraz de la lucha contra el crimen hubo ejecuciones. Hay indicio de que esto también sucedió en México, aunque sólo son sospechas por ahora", afirma Díaz Arango.
Para Netzaí Sandoval, un caso clave como antecedente en la demanda contra Calderón es la reciente condena a Charles Taylor, expresidente de Liberia. "Él (Taylor) sabía que sus acciones y órdenes llevarían a la comisión de crímenes y, aun consciente de que estaban ocurriendo, tampoco hizo nada para detenerlos".
