Entre las partes sancionadas están las que incluyen modalidades de contratación más flexibles dirigidas a crear más empleos, regular el "outsourcing" o la subcontratación para evitar que los patrones evadan beneficios que corresponden a los trabajadores, y el pago por hora.
No obstante, quedan pendientes los artículos polémicos que exigen hacer más transparentes los fondos y democratizar la elección de dirigentes de los sindicatos, aliados históricos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del presidente electo Enrique Peña Nieto.
La Cámara de Diputados aprobó a finales de septiembre la reforma, propuesta por el presidente saliente Felipe Calderón, pero con cambios que impulsó un ala dura del PRI para no afectar los intereses de sindicatos, que fueron pilares de los gobiernos priistas del siglo pasado.
Pero senadores de la izquierda y el oficialista Partido Acción Nacional (PAN) buscarán en los debates que la reforma se modifique y se apruebe como la propuso originalmente Calderón.
La reforma fue aprobada en el Senado en lo general con 100 votos a favor y 28 en contra.
De prosperar esto, la iniciativa tendría que regresar otra vez a la Cámara baja, con lo que -según algunos legisladores y analistas- podría perder su carácter de preferente y con ello correr el riesgo de quedar congelada.
Según el Gobierno, con la reforma laboral se generarían 400,000 nuevos empleos al año, lo cual resolvería parcialmente el desempleo ya que analistas estiman que las necesidades del país son de un millón de plazas laborales anuales.
Pese a todo, es considerada la mayor reforma económica de los últimos años.
(Reporte de Miguel Angel Gutiérrez. Editado por Anahí Rama y Silene Ramírez.)
