Medios de comunicación, ranchos, departamentos y hasta una isla serían los bienes que adquirió el exgobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba a través de prestanombres, de acuerdo con el expediente que integra la PGR por “lavado” de dinero en su contra, en el que cinco testigos protegidos dieron información sobre las supuestas propiedades del político que habría adquirido con recursos del narcotráfico.
Autoridades de la dependencia indicaron que en la averiguación previa del caso uno de los testigos refirió que isla Frontón, en el norte de Veracruz, fue comprada por el político, pero está registrada por uno de sus prestanombres, por lo que las pesquisas continúan para establecer sus propiedades.
Yarrington es fugitivo internacional ya que la PGR obtuvo la orden de aprehensión en su contra, pero sólo por delitos contra la salud por fomentar operaciones de narcotráfico, ante su presunta colusión con el cártel del Golfo-Zetas, del que habría recibido sobornos millonarios a cambio de protección; los recursos los utilizó para financiar sus campañas políticas e incrementar sus propiedades.
Sin embargo, la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/ 012/2009 sigue abierta bajo la línea del “lavado” de dinero en la que se indaga a la red financiera que permitió que el ex gobernador comprara bienes e inmuebles en México y EU a través de prestanombres.
Sobre sus actividades ilícitas, la PGR ha recabado las declaraciones de cinco testigos protegidos: Ángeles (Antonio Peña Arguelles), “El Pitufo” y Óscar (ex integrantes de Los Zetas), Eduardo Rodríguez Berlanga, “La Conga” y Zonia Nereida de Pau García.
Las autoridades consultadas detallaron que estos colaboradores han señalado que Yarrington adquirió la isla Frontón, ubicada en el norte del estado de Veracruz, que presuntamente era propiedad de un jefe del Cártel del Golfo, quien se la habría vendido al político. Para esta operación se habría utilizado como supuesto prestanombres a un hombre identificado como Antonio Peláez.
El mismo testigo que reveló la compra de la isla informó a la PGR sobre la existencia de un predio de 18 hectáreas en el Condado de Bexar, en San Antonio y un condominio en la isla de South Padre, en Texas, a través de los empresarios Fernando Alejandro Cano-Martínez y Napoleón Rodríguez de la Garza, que fueron asegurados por autoridades judiciales texanas.
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