Esto incluye las boletas con
votos válidos, votos nulos, la lista nominal de electores utilizada y las
boletas sobrantes en esos comicios.
Esta decisión se tomó luego de que el IFE resguardó por seis años toda la documentación electoral en sus 300 bodegas distritales y 32 estatales.
El acuerdo ordena que los órganos estatales se encarguen de programar y ejecutar la destrucción de las boletas a través del procedimiento ecológico de reciclamiento, a fin de proteger el medio ambiente y con las medidas de seguridad que se requieran.
Instruye a sus vocales ejecutivos para que giren invitación por escrito a los órganos directivos estatales de los partidos políticos con el propósito de que asistan a la apertura de las bodegas y a la destrucción de la documentación, indicándoles la fecha, lugar y la hora, por lo menos con tres días de anticipación al evento.
La decisión se tomó luego de que se agotaron los litigios promovidos ante el IFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) e incluso en tribunales administrativos, por vía del amparo promovido por diversos particulares. La solicitud de que se permitiera el acceso a la documentación del 2006 no sólo agotó las instancias jurídicas nacionales sino incluso las internacionales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al recibir el caso solicitó al Estado mexicano que no se destruyeran esas boletas hasta que se pronunciara a fondo, así ocurrió.
El pasado 2 de noviembre declaró inadmisible la petición y pidió levantar las medidas cautelares para proteger el material.
Hoy, casi un año después, el IFE ordena proceder a su destrucción.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció que impugnará nuevamente este asunto.
María Marván, consejera electoral del IFE, indicó que "las boletas no son documentos de acceso público, así lo han concluido instancias nacionales e internacionales, es caso juzgado; las resoluciones son firmes, por lo que no importa a través de qué medio se haga esa nueva solicitud".
El IFE estableció que las boletas electorales deberán destruirse en el mes de noviembre.
Esta decisión se tomó luego de que el IFE resguardó por seis años toda la documentación electoral en sus 300 bodegas distritales y 32 estatales.
El acuerdo ordena que los órganos estatales se encarguen de programar y ejecutar la destrucción de las boletas a través del procedimiento ecológico de reciclamiento, a fin de proteger el medio ambiente y con las medidas de seguridad que se requieran.
Instruye a sus vocales ejecutivos para que giren invitación por escrito a los órganos directivos estatales de los partidos políticos con el propósito de que asistan a la apertura de las bodegas y a la destrucción de la documentación, indicándoles la fecha, lugar y la hora, por lo menos con tres días de anticipación al evento.
La decisión se tomó luego de que se agotaron los litigios promovidos ante el IFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) e incluso en tribunales administrativos, por vía del amparo promovido por diversos particulares. La solicitud de que se permitiera el acceso a la documentación del 2006 no sólo agotó las instancias jurídicas nacionales sino incluso las internacionales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al recibir el caso solicitó al Estado mexicano que no se destruyeran esas boletas hasta que se pronunciara a fondo, así ocurrió.
El pasado 2 de noviembre declaró inadmisible la petición y pidió levantar las medidas cautelares para proteger el material.
Hoy, casi un año después, el IFE ordena proceder a su destrucción.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció que impugnará nuevamente este asunto.
María Marván, consejera electoral del IFE, indicó que "las boletas no son documentos de acceso público, así lo han concluido instancias nacionales e internacionales, es caso juzgado; las resoluciones son firmes, por lo que no importa a través de qué medio se haga esa nueva solicitud".
El IFE estableció que las boletas electorales deberán destruirse en el mes de noviembre.
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